La inflación complica los arrendamientos agrarios, que suman 847.000 has en Extremadura
La alta inflación no solo impacta en la cesta de la compra de los alimentos o en los costes de producción de la actividad agraria o agroindustrial. Sino también de forma directa en el precio de muchos arrendamientos de tierras agrarias cuya renovación o actualización depende en ocasiones del IPC anual.
La realidad del campo extremeño muestra hasta qué punto los arrendamientos son muy importantes ya que suponen 847.711 hectáreas de terreno, según datos del Anuario Estadístico de Extremadura que edita la Junta del año 2021. Teniendo en cuenta un total de 2,42 millones de hectáreas, suponen algo más de un tercio. En aparcería y otros tipos de tenencia hay un total de 118.481 hectáreas de terreno. En un gran porcentaje de los casos, los arriendos se establecían de octubre a octubre, según el año agrícola.
Según los datos del Anuario Estadístico de Extremadura, la región disponía en el año 2021 de un total de 58.958 explotaciones agrarias propiedad de personas físicas, 1.786 de sociedades mercantiles, 125 de titularidad pública, 106 de cooperativas de producción y 1.551 de otros tipos de propiedad. Las tierras labradas en Extremadura concentran un total de 954.350 hectáreas de terreno, mientras que los cultivos permanentes suman 1,47 millones. Otras superficies, entre las que destacan las forestales, alcanzan las 596.591 hectáreas.
A diferencia de un arrendamiento de propiedad de una vivienda, los arrendamientos de tierras agrícolas cumplen unas condiciones legislativas específicas que se guían por la Ley 49/2003 de 26 de noviembre de Arrendamientos Rústicos (actualizada posteriormente con la Ley 26/2005). Según la Ley de Arrendamientos Rústicos, la duración de los contratos de arrendamiento de tierras agrícolas es de cinco años. Al término de este periodo, si el arrendador quiere recuperar la posesión de la finca, deberá comunicárselo al arrendatario con un año de antelación.
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