El dueño de los tanatorios de Madrid y el fondo de capital riesgo Black Toro promueven los parques eólicos de Montánchez y Sierra de Gata
El proyecto de cinco parques eólicos que suman 130 Mw de potencia, 45 aerogeneradores y una inversión material de casi 120 millones de euros en las localidades cacereñas de Montánchez, Ibahernando, Robledillo de Trujillo, Zarza de Montánchez, Pinofranquedado y Robledillo de Gata que lidera la empresa Instituto Energías Renovables S.L. (IER) está teniendo en sus zonas de implantación una importante contestación social e institucional. Y las alegaciones presentadas ante la Junta de Extremadura así lo atestiguan.
En este caso, al contrario de lo que ocurrió con el parque eólico de la Sierra del Merengue de Plasencia, su promotor no es una conocida compañía eléctrica que produce y comercializa energía eléctrica. Hay sorpresas.
Si en sus orígenes la empresa tuvo a la antigua Caja Extremadura y la constructora JOCA entre sus principales accionistas que llegaron a presentar 23 proyectos eólicos, durante años se creyó que su control se lo repartían Cristian Lay y la consultora Inypsa. Sin embargo, tras la publicación el pasado mes de julio en el Diario Oficial de Extremadura de la solicitud de autorización administrativa previa, y estudio de calificación ambiental y urbanística, se conoció que Cristian Lay había vendido ya su participación del 33% hace tiempo.
El principal accionista de IER actualmente es Parcesa, Parques de la Paz S.A., con el 66,53% de sus acciones según la web de la empresa renovable, con sede en Alcobendas (Madrid). Es propiedad del empresario toledano Leonardo Sánchez-Heredero, muy activo en el sector inmobiliario desde hace 35 años con el Grupo Delta, y conocido por tener el mayor grupo de tanatorios y servicios funerarios privados de la Comunidad de Madrid, entre los que destacan los de Alcobendas y Villalba, y el de la M-40.
El segundo mayor accionista de Instituto Energías Renovables es Airtificial Intelligence Structures con el 27,94% y el tercero Bankia. Parcesa cuenta con tres de los cuatro miembros del consejo de la empresa y la presidencia de la misma. Un perfil de promotor más en línea con lo que acontecido en los últimos tres años en el mercado renovable español, donde las ventas de plantas fotovoltaicas y parques eólicos por parte de fondos de inversión y capital riesgo está a la orden del día.
Préstamos
La vinculación de Sánchez-Heredero con el proyecto viene por su relación directa con la antigua consultora Inypsa, hoy convertida en Airtificial Intelligence Structures, tras su fusión en octubre del 2018 con la andaluza Carbures. Inypsa entró en el Instituto Energías Renovables en 2009. Antes había realizado un proyecto fotovoltaico en Coria.
Ante las dificultades financieras por las que atravesó Inypsa en el año 2014, empresas de Leonardo Sánchez-Heredero adquirieron su deuda y préstamos de entidades financieras por valor de 9 millones de euros. Y en junio de 2016 Inypsa ejecutó la opción de venta de IER a cambio de la cancelación de su deuda de 13,2 millones de euros. De esta forma, el empresario dueño de Parcesa pasaba a convertirse en el mayor accionista de IER. Aunque con un pacto de recompra firmado para que Inypsa pudiera recomprar el 24,5% de sus acciones en IER por 9,7 millones de euros, lo que hizo en abril del 2017.
Leonardo Sánchez-Heredero controla IER por partida doble, ya que también es el segundo mayor accionista de Airtificial, con el 15,1% tras el fondo de inversión Black Toro Capital que tiene el 24% y el 41% que cotiza en Bolsa.
Tribunales
Hay que recordar que los cinco parques eólicos que tramita IER en la región, la mayoría en zonas de fuerte atracción turística, fueron desestimados por la antigua Dirección de Evaluación y Calidad Ambiental de la Junta de Extremadura, en resolución del 27 de agosto de 2008, por considerarlos “incompatibles” e “inviables” desde el punto de vista de sus efectos sobre la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Sin embargo, una sentencia de octubre de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, al que acudió la empresa, dictó seis sentencias en las que se anulaban las resoluciones del Consejo de Gobierno de la Junta al considerar que los informes ambientales en los que se sustentan las resoluciones de la Junta y las DIA eran de «escaso rigor técnico y fáctico».
El partido no ha hecho más que empezar.
Fuente: Energía de Extremadura
EXTREMADURA21 