Una de las cuatro empresas investigadas por el presunto fraude cárnico compró Monsalud en octubre del 2017

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El Juzgado Mercantil de Cáceres adjudicó a Valle de los Valfríos S.L. la empresa de Montánchez por 260.000 euros cuando la Guardia Civil había precintado ya sus instalaciones en Higuera La Real en agosto de ese año

jamon

La investigación realizada por los servicios veterinarios del Servicio Extremeño de Salud de la Junta de Extremadura y el Seprona de la Guardia Civil contra una red presuntamente relacionada con la compra y comercialización de jamones, lomos, embutidos y otros productos cárnicos que estaban caducados o no cumplían las mínimas condiciones organolépticas para su venta no deja de deparar sorpresas. La investigación se inició hace ya un año pero no ha sido hasta ahora cuando ha salido a la luz, coincidiendo en el tiempo también con el descubrimiento de otra red de empresas del sector cárnico que operaba en la Comunidad Valenciana y que ha supuesto de decomiso de cerca de 500 toneladas de producto en esa región y decretado la alerta sanitaria.

Y aún con muchas dudas por resolver. Entre ellas, si productos (jamones, lomos, embutidos,etc) elaborados por las empresas de la presunta trama han llegado a los consumidores extremeños estando caducadas o con etiquetado fraudulento. Y por otro, cómo han seguido operando e incluso comprando nuevas empresas cuando estaban siendo investigadas por la Guardia Civil desde hace un año.

En Extremadura, las investigaciones que lleva el juzgado de Fregenal de la Sierra (Badajoz) implicarían presuntamente a cuatro empresas: Porkytrans S.L., empresa con sede social en Murcia, pero con instalaciones en Malpartida de Plasencia, donde se almacenaban más de 270.000 kilos de producto; de la que se han destruido ya más de 100.000 kilos de producto.

Otra empresa investigada es Cash La Temporada, de Oliva de la Frontera, que opera con la marca de jamones JD Exquisita, que se han estado vendiendo en cadenas de supermercados extremeños en los últimos meses. También están siendo investigadas, según lo anunciado por diversos medios, Pescados Saraymar, de Higuera la Real, y Valle de los Valfríos, también en esta localidad pacense. Aunque no se ha conocido hasta ahora, el pasado 28 de agosto de 2017 la Guardia Civil precintó las instalaciones de la empresa Valle de los Valfríos en Higuera la Real. En esas instalaciones, con capacidad para 30.000 piezas, llegó a contar con ocho empleados.

El caso de esta última empresa es el más llamativo. Se trata de una compañía creada en enero del 2015 por el empresario Francisco José Cordero, con más de 10 años de experiencia en el sector cárnico y que cuenta con su sede operativa actual en Zafra. La empresa dispone de su marca Casa del Artesano en la localidad de Oliva de la Frontera especializada en la elaboración de lomo doblado.

Pero lo más llamativo del caso es que Valle de los Valfríos fue la empresa que se quedó con los activos  de Brumale S.L. y la marca de Monsalud, la empresa de jamones ibéricos de bellota de Miguel Bosé en Montánchez. El Juzgado de lo Mercantil de Cáceres se la adjudicó por 260.000 euros en octubre del 2017. Esta por aclarar como una empresa investigada por la Guardia Civil y que incluso precintó sus instalaciones meses antes fue finalmente la adjudicataria de la empresa.

Valle de los Valfríos realizó la presentación oficial de esta nueva etapa de Monsalud en el pasado Salón Internacional del Gourmets de Madrid por todo lo alto, con un gran stand propio. En esta nueva etapa, sus responsables decidieron sacar a Monsalud de la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura, una de las señas de identidad en toda la trayectoria de la empresa jamonera de Miguel Bosé.

Su propietario, Francisco José Cordero, comentaba en el Salón Gourmets que la calidad iba a ser la bandera de su nuevo proyecto. Está por ver ahora de nuevo el futuro de Monsalud, una vez se resuelva en los juzgados la responsabilidad de su empresa propietaria en el presunto fraude.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) asegura que las diligencias abiertas se centran en los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y contra la salud pública y los consumidores.

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