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Los “arrendamientos de palabra” en el campo pueden tener los días contados

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Sus precios en Extremadura oscilan entre los 52,4 euros/ha en pastos a los 636,8 euros/ha para herbáceos de regadío

Una buena parte de las tierras agrarias que se cultivan en España se hace en régimen de arrendamiento, en muchos casos sin ningún concreto ni firma por escrito, sino simplemente con un apretón de manos o de palabra entre las dos partes. En muchos casos tomando como referencia del año agrícola la del 29 de septiembre, San Miguel, que marca el fin del verano agrícola. Los acuerdos verbales siguen siendo muy utilizados sobre todo en pequeñas explotaciones y parcelas, tierras casi abandonadas o marginales, aprovechamiento de pastos sin uso….

Sin embargo, esta situación puede cambiar radicalmente en los próximos meses. El Real Decreto 916/2025, de 14 de octubre de 2025, modifica el artículo 40 del Real Decreto 1047/2022 que regula el sistema de gestión y control de las intervenciones de la Política Agraria Común (PAC), endureciendo los requisitos para que los agricultores y ganaderos acrediten el derecho al uso de las fincas de su explotación.

De esta forma, se introducirá nueva exigencia para las solicitudes de derechos de ayuda básica a la renta procedentes de la reserva nacional. La normativa obligará al solicitante a aportar documentación que acredite que todas las parcelas por las que solicita la asignación de estos derechos están a su disposición, sin aplicación de ningún umbral mínimo de tamaño.

Minifundios
Según la organización agraria COAG, esta nueva exigencia “desconoce la realidad de amplias zonas del territorio nacional, especialmente en el caso de minifundios, tierras marginales, pastos y zonas despobladas, donde los acuerdos verbales entre propietarios y usuarios son la norma histórica, no la excepción. En la mayoría de estos casos no existe documentación que acredite este derecho porque la formalización se realiza mediante acuerdos verbales que, frecuentemente, no conllevan contraprestación económica o esta es muy escasa, incluso en especie. El propietario también se beneficia de este aprovechamiento al mantener las parcelas limpias y cuidadas, evitando que el monte y la maleza las inunden».

Una situación que se agrava en territorios donde, tras el fallecimiento del titular original de las parcelas, resulta imposible o muy complicado contactar con los herederos o no existe información sobre su identidad.

Desde COAG señalan que la exigencia de documentos firmados para los arrendamientos desconoce la realidad de amplias zonas del territorio nacional, especialmente en el caso de minifundios, tierras marginales, pastos y zonas despobladas, donde los acuerdos verbales entre propietarios y usuarios son la norma histórica, no la excepción. «En la mayoría de estos casos no existe documentación que acredite este derecho porque la formalización se realiza mediante acuerdos verbales que, frecuentemente, no conllevan contraprestación económica o esta es muy escasa, incluso en especie», según esta organización agraria.

Evitar fraudes
Aunque la propia COAG también reconoce la necesidad de prevenir el fraude detectado en algunos casos, cuando beneficiarios declaraban parcelas sin autorización del propietario. Hasta ahora, existía la posibilidad de que el propietario de las parcelas identifique aquellas que no pueden ser declaradas en la PAC.  COAG critica que la nueva redacción haya eliminado la referencia que permitía a las CC.AA. establecer un tamaño mínimo de parcela (de 2 hectáreas) por debajo del cual no era necesario realizar estos controles.

La organización agraria reclama que las circulares del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) que desarrollen estas normas permitan a las autoridades competentes adaptar los controles a la situación real en estos territorios, «no haciendo imprescindible la aportación de contratos firmados o recibos bancarios».

La última encuesta de Cánones de Arrendamientos Rústicos del Ministerio de Agricultura para 2022 daba un precio medio de 163,4 euros/ha de las tierras en arrendamiento frente a los 162,8 euros/ha de media en Extremadura. Del año 2016 al 2022 los precios han tenido un incremento del 26% en la región. Hay grandes variaciones según tipo de cultivos en la región: de los 636,8 euros/ha de herbáceos en regadío a los 52,4 euros/ha de pastos en secano.